La formación Técnico-Profesional (TP) celebró este 2025 sus 83 años de existencia formal, puesto que sus antecedentes se pueden remontar al siglo XVIII, cuando Manuel de Salas formó la Academia San Luis. Desde allí, y en todos los hitos históricos de su desarrollo, se observa una definición en común: la educación TP es clave para el desarrollo social y productivo del país, confluyendo en ella la educación y el trabajo, donde se encuentran ambos ámbitos promoviendo la equidad, la igualdad y la inclusión.
Sin embargo, muchas veces, en el marco de la Educación Superior, la educación técnica se invisibiliza frente a la educación universitaria. Y, en el segmento CFT–IP, también se produce una priorización de la formación profesionalizante —al menos en lo discursivo— lo cual dificulta el posicionamiento correcto del aporte de la Formación Técnica Superior en el sistema.
Este problema no es puramente del mundo educativo, sino que responde a políticas públicas que han impulsado una valorización de la educación superior entendida como profesionalización. Así lo recogen múltiples columnas de opinión que coinciden en el diagnóstico: Chile necesita más técnicos de nivel superior. La empleabilidad al egreso es mayor en carreras técnicas, y los ingresos son similares —o incluso superiores, en algunos casos— a los de carreras profesionales. Sin embargo, la universidad pareciera ser el camino propuesto por el sistema, incorporando además una variable de estatus al análisis de lo que implica ser “profesional”.
Este es un elemento que es necesario cambiar con urgencia, no solo por variables estructurales vinculadas al desarrollo económico y productivo, sino —por sobre todo— por razones sociales. La movilidad social que permite la Educación Técnica Superior es, en términos estrictos, mucho más eficiente que la profesional. Así, características como empleabilidad, aranceles y niveles de ingresos competitivos destacan en este segmento de la Educación Superior.
La educación técnica, si bien ha experimentado una tendencia creciente, no ha sido reconocida socialmente como corresponde: como un motor de cambios relevantes. Cambios en la estructura productiva —mayor especialización, mejor productividad, más seguridad, entre otros— pero también en la estructura social —movilidad, ingresos, estatus— permitiendo el desarrollo productivo, social y económico de los territorios.
